Foto oficial del Papa León XIII tomada en abril de 1878, tras su elección dos meses antes.
Hay una amplia bibliografía sobre el sindicalismo católico español. Como referencias básicas, nos remitimos a los trabajos de Ángel Herrero Herrero [Sindicalismo católico agrario en España: 1900-1950, Madrid, 1975], Montserrat Llorens y Casimiro Martí [“El sindicalismo católico en España”, en S. H. SCHOLL (director), Historia del movimiento obrero cristiano, Barcelona, 1964, pp. 202-231 (sin más referencias sobre el director de la obra)], y de José Villacampa Gómez [Los antiguos sindicatos católicos en la agricultura. Discurso pronunciado en la apertura de curso del Seminario Metropolitano de Zaragoza el día 30 de septiembre de 1945 por el profesor José Villacampa Gómez, Zaragoza, 1945].
Los inicios del sindicalismo católico español estuvieron en los Círculos Católicos y en los labradores (los campesinos propietarios de medios de producción suficientes como para no tener que alquilar su propia fuerza de trabajo). Estos últimos, desde la última década del siglo XIX, formaron sus propias asociaciones profesionales según dos principios: el corporativismo y el confesionalismo. El último, hasta el punto de hacer una antítesis explícita del catolicismo con cualquier forma de socialismo.
Las asociaciones profesionales de labradores contaron con el patrocinio de la jerarquía eclesiástica española y declararon su oposición al régimen liberal de 1876 por el falseamiento en él de todos los procesos electorales (“coacción caciquil”), que servía a intereses extraños a ellos y los dividía en líneas partidistas. De hecho, las asociaciones de labradores iniciaron un proceso temprano de federación provincial e interprovincial en la submeseta norte, donde habían de llegar a ser mayoritarias en los municipios rurales frente a los sindicatos obreristas. Lo lograron mediante la creación de una verdadera red de servicios (cajas de ahorro y entidades financieras, cooperativas para la venta de productos y la compra de medios de producción, etc.) contra el capitalismo usurario.
Respecto a los Círculos Católicos, fueron fundados por iniciativa del sacerdote jesuita Antonio Vicent entre 1880 y 1893. Es decir, diez años antes que se publicara la encíclica Rerum novarum. El modelo de Vicent fueron las experiencias del clero belga y neerlandés. Y su objetivo, frenar el avance del socialismo (libertario o estatalista) entre los trabajadores.
Publicada en el año 1891, la encíclica papal Rerum novarum fue la más detallada definición del corporativismo católico. En la encíclica, y para evitar una revolución socialista, el Papa León XIII propuso el establecimiento de una sociedad civil católica, definida por tres parámetros: un régimen de propiedad privada; la libre interacción entre individuos pero siempre según principios confesionales; y la participación política a través de las familias. Dicha sociedad civil católica debía ser instituida a partir de sindicatos confesionales y asistenciales, los cuales tenían que llegar a acuerdos con los empresarios al margen del Estado para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
De hecho, León XIII insistió en la encíclica Rerum novarum que si el Estado debía permanecer al margen de los acuerdos entre trabajadores y empresarios era para que pudieran ser establecidos en libertad (enfatizamos que entendida siempre según principios confesionales). Y, al tiempo, rechazó de forma explícita la absorción de la sociedad civil por el Estado, el cual debía tan solo poner los medios para el establecimiento y la reproducción de la sociedad civil católica, así como proteger la Iglesia sin controlarla.
El padre Vincent creó los Círculos Católicos para ser al mismo tiempo mutuas laborales, cajas de ahorro, e instituciones educativas para los obreros católicos. Un modelo de organización que luego adoptaron los labradores para sus asociaciones profesionales. El mismo padre Vincent se volcó a partir de 1897 en la creación de las asociaciones profesionales de labradores, después de comprobar que constituir sindicatos católicos interclasistas a partir de los Círculos Católicos era casi imposible. Para la sorpresa de algunos, la mayoría de los trabajadores no querían estar asociados con sus patronos en una misma organización. De hecho, el sindicalismo católico fue atractivo en España solo para los artesanos además de para los labradores: es decir, para propietarios de medios de producción aunque emplearan su propio trabajo en ellos.
En 1908 la Iglesia española instituyó la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (en adelante, ACNP). Su objetivo original fue crear una élite católica como parte de una campaña de recatolización de España bajo una monarquía constitucional. Además, desde su mismo establecimiento, la ACNP impulsó constituir asociaciones neocorporativas de labradores en los municipios rurales junto con sindicatos confesionales en los municipios urbanos. En 1915 la ACNP orientó la unión de varias federaciones provinciales e interprovinciales de labradores en la Confederación Regional de Castilla la Vieja y León.
En 1917 la Confederación Regional de Castilla la Vieja y León fue refundada en la Confederación Nacional Católica Agraria. Esta fue organizada según tres principios: la autonomía de cada federación constituyente en temas profesionales; el establecimiento de un secretariado nacional como gestor de los acuerdos tomados por el conjunto de las federaciones constituyentes; y la toma de dichos acuerdos con independencia del cardenal primado de España y del nuncio pontificio. En el último punto, las asociaciones de labradores contaron con el apoyo de una parte de los obispos de España.
A fines de la década de 1910 el fracaso de la transformación de los Círculos Católicos en sindicatos confesionales e interclasistas era tan evidente como irreversible. De hecho, antes de la década de 1920 la Solidaridad de los Trabajadores Vascos (en adelante, STV) junto con las asociaciones de labradores fueron los únicos sindicatos católicos capaces de competir con los sindicatos obreristas, bien que solo a escala provincial o regional. Fundada en 1911 por el Partido Nacionalista Vasco, la STV propuso la resolución de los conflictos entre trabajadores y capitalistas según los principios del nacionalismo vasco y del catolicismo social. Con ese programa llegó a ser el único sindicato rival de la Unión General de Trabajadores en Vizcaya. Ante esa perspectiva, el episcopado propuso crear sindicatos de oficio para la recatolización de España.
Entre febrero y abril de 1919, y con el patrocinio de Victoriano Guisasola, arzobispo de Toledo y cardenal, fue celebrada una asamblea de un autodenominado “Congreso Nacional Obrero” [Bases de organización y programa doctrinal y de acción del sindicalismo obrero católico. Redactados por la asamblea social. Aprobados por el Congreso Nacional Obrero. Febrero-Abril de 1919, Madrid, s. a.]. De la asamblea surgió el Grupo de la Democracia Cristiana (en propiedad, un grupúsculo).
Igual que los proponentes de la aplicación práctica de la Rerum novarum fueron conocidos en España como cristianos sociales o católicos sociales, desde comienzos del siglo XX y hasta el concilio Vaticano II (1962-1965) los partidarios de politizar el catolicismo en cualquier sentido fueron llamados demócratas cristianos. De hecho, y con ese significado, el término fue sinónimo de demócrata católico. Afirmar otra cosa sobre la democracia cristiana preconciliar oscila entre el presentismo historiográfico y el abuso político, con un buen ejemplo en la obra de Javier Tusell [Historia de la democracia cristiana en España, Madrid, 1974 (2 vols.)]. Para ser precisos, Tusell materializó la democracia cristiana anterior y posterior al concilio Vaticano II en la figura de Manuel Giménez Fernández, un neocorporativista católico y miembro de la ACNP, ajeno al proceso de fascistización de la derecha española durante la II República, y ministro de Agricultura entre el 4 de octubre de 1934 y el 3 de abril de 1935.
En el Congreso Nacional Obrero fue aprobado un programa corporativista que el Grupo de la Democracia Cristiana hizo suyo: transformar cada individuo en un propietario a la vez que en un miembro de una asociación profesional; establecer instituciones estatales en las que los representantes de las sociedades profesionales obreras y de las sociedades patronales negociaran los reglamentos laborales, los seguros sociales, y la formación de los trabajadores, a la vez que administraran las grandes empresas industriales; asegurar los acuerdos entre las sociedades obreras y las patronales mediante la representación en Cortes de todas las profesiones organizadas en sindicatos; al fin, superar la lucha de clases por la armonía entre trabajadores y capitalistas en vez de por una revolución que tópicamente era identificada con el crimen.
Pero desde su fundación en 1917 la Confederación Nacional Católica Agraria (es decir, la única organización que hubiera podido hacer suyo el programa del Congreso Nacional Obrero para todo el Estado en el momento de ser hecho público) devino poco a poco en una mera agencia de propaganda de algunos latifundistas. Y hasta tal punto, que la dictadura militar de Primo de Rivera clasificó las organizaciones que la formaban como patronales en vez de como interclasistas. En paralelo, las federaciones provinciales de asociaciones de labradores volvieron a actuar de forma independiente las unas de las otras.
La deriva de la Confederación Nacional Católica Agraria, el mantenimiento de la hegemonía sindical de las asociaciones de labradores en Castilla la Vieja y en León, y la instauración de la II República en abril de 1931 fueron los tres contextos de la aparición de los diputados autodenominados agrarios, que convergieron en enero de 1934 en el Partido Agrario Español (PAE).
Antes de la fundación del PAE, los diputados caracterizados como agrarios en las Cortes republicanas ya llamaron con sentido accidentalista al establecimiento de una república de Orden que diese garantías financieras a los labradores en tanto que eran la base social de la economía de la nación. Como parte de su demanda de una república de Orden, los agrarios se opusieron a la reforma agraria republicana y al estatuto de autonomía de Cataluña. Y los diputados agrarios también recuperaron la vieja proclama de las asociaciones profesionales de labradores de estar opuestos a la “coacción caciquil”. Pero esta ya no era la de los partidos turnistas (de los que los agrarios provenían por norma), sino la del régimen de democracia republicana. Uno de los más destacados diputados agrarios fue Antonio Royo Villanova [Bolchevismo y Sindicalismo. Conferencia del Excmo. Señor D. Antonio Royo Villanova, Catedrático de la Universidad de Valladolid. Sesión del día 20 de diciembre de 1919, Madrid, 1920; Treinta años de política antiespañola, Valladolid, 1940], dos apellidos que, como compuestos, aún son materia de los periodistas de la “alta sociedad”.